Los diputados de la Asamblea Nacional de Madagascar aprobaron la semana pasada un proyecto de ley presentado por el Gobierno que modifica artículos del Código Penal para endurecer las sanciones penales contra los violadores de menores de edad, recogen medios locales. Las modificaciones introducidas prevén la castración química o la quirúrgica para los autores de estos tipos de delitos de agresión sexual.
«Redefine el concepto de violación»
Según Le Quotidien, el código anterior preveía entre cinco y veinte años de trabajos forzados para los autores de violaciones. Ahora, los legisladores señalaron en un comunicado que la nueva «ley redefine el concepto de violación y organiza las penas en función de la edad de las víctimas, al tiempo que busca neutralizar a los depredadores sexuales mediante la introducción de la castración quirúrgica o química».
Con la actual reforma, el Código Penal establece cadena perpetua y castración quirúrgica para los individuos declarados culpables de violar a un menor de 10 años. Si la víctima tiene entre 10 y 13 años, el acusado deberá someterse a una castración química, además de una pena de 15 a 20 años de trabajos forzados. Esta pena será de entre 10 y 20 años si la víctima tiene entre 13 y 18 años. En cambio, si el criminal es menor de edad, no se le aplicará la castración.
AFP informa que la medida, aprobada este miércoles por la Cámara Alta del Senado, aún debe ser validada por el Alto Tribunal Constitucional antes de que el presidente del país, Andry Rajoelina, pueda promulgarla y convertirla en ley.
«Daños graves e irreversibles»
Estas medidas han sido consideradas radicales por algunos defensores de los derechos humanos. El director regional de Amnistía Internacional, Tigere Chagutah, comentó que la castración legal es «incompatible con las disposiciones constitucionales malgaches contra la tortura y otros malos tratos, así como con las normas regionales e internacionales de derechos humanos».
El asesor de Amnistía Internacional en Madagascar, Nciko wa Nciko, criticó la ley por no «centrarse en las víctimas» y reflexionó acerca de que «la castración causa daños graves e irreversibles«. «Podemos tener casos en los que un individuo es declarado culpable y los tribunales se retracten del veredicto y limpien su nombre», añadió.
Por su parte, Jessica Lolonirina Nivoseheno, del movimiento Mujeres Rompiendo el Silencio, argumentó que la castración podría ser un «disuasivo» para la «cultura de la violación» en la isla, donde muchos casos «se resuelven amistosamente dentro de la familia».
Asimismo, la ministra de Justicia, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, defendió estas nuevas disposiciones legales ante las críticas internacionales al respeto de los derechos humanos. En ese sentido subrayó que Madagascar «es un país soberano que tiene todo el derecho a modificar sus leyes». La funcionaria afirmó que el pasado año se registraron 600 violaciones a menores. «Ante el resurgimiento de las violaciones, tuvimos que actuar», añadió.
Por último, Randriamanantenasoa agregó que se revelará públicamente la identidad de los procesados declarados culpables. «La sociedad necesita saber qué hicieron» y quiénes son, señaló.
